En una situación donde una madre desea emigrar con su hijo para mejorar sus condiciones de vida y el padre se niega a otorgar la autorización requerida para la salida del país, se plantea un conflicto entre el derecho del menor a un desarrollo integral y el derecho del padre a mantener una relación cercana con su hijo. Ni que decir del derecho a la madre a lograr sus condiciones de vida sin obviar sus responsabilidades como madre.

En Ecuador, como en muchos países, el principio del interés superior del niño es un mandato constitucional y convencional, que prevalece sobre otras derechos. Este principio exige que cualquier decisión que afecte a un menor sea tomada considerando lo que mejor garantice su bienestar físico, emocional y social. En este contexto, si la oportunidad en el extranjero promete mejores condiciones de vida para el menor, y la madre puede demostrar fehacientemente que el cambio beneficiará su desarrollo integral, es criterio de este humilde servidor que un juez podría autorizar la salida del país sin el consentimiento del padre, basándose en el interés superior del niño. Esta decisión estaría en línea con el derecho internacional de los derechos del niño, que prioriza su bienestar.

Para balancear los derechos del padre y que estos no se vean vulnerados, se pueden implementar medidas alternativas como visitas regulares a través de medios telemáticos u otras similares. Este enfoque no solo respetará el derecho del menor a mantener contacto con su padre, sino que también permitiría la evolución de los roles parentales en un contexto de globalización y migración.

Así, se puede argumentar que, evocando el interés superior del niño y las normativas internacionales aplicables, es posible que una madre obtenga autorización judicial para emigrar con su hijo, incluso sin la autorización del padre, siempre y cuando se tomen medidas para mantener el vínculo paterno-filial.

A mi juicio, a través de la herramienta de la ponderación constitucional.
La ponderación es un mecanismo utilizado por los jueces cuando entran en conflicto derechos constitucionales que deben ser armonizados, como en este caso, el derecho del menor a su desarrollo integral y mejores oportunidades de vida, frente al derecho del padre a mantener contacto y una relación cercana con su hijo.

En este caso, la ponderación permitiría al juez analizar ambos derechos en conflicto para determinar cuál de ellos tiene mayor peso o relevancia en función del principio del interés superior del niño. Este principio actuaría como un parámetro decisivo para establecer cuál de los derechos debe prevalecer en la situación concreta. A través de la ponderación, el juez podría justificar una decisión que autorice la salida del país del menor, siempre y cuando se adopten medidas compensatorias, como el uso de medios telemáticos para mantener la relación con el padre.

La ponderación no implica que uno de los derechos sea anulado completamente, sino que se busca un equilibrio justo. En este caso, el derecho del menor a mejores oportunidades de vida podría ponderarse como prioritario, mientras que el del padre a mantener contacto con su hijo podría ser preservado mediante mecanismos alternativos que no vulneren su vínculo familiar.

Si a esto sumamos que los jueces están en la obligación de interpretar el sistema jurídico a través de los entendidos del derecho común en el bloque de constitucionalidad, considerar que una decisión en tal sentido tendría por qué alejarse a nuestra realidad ecuatoriana.
Incluso, herramientas jurídicas hay. Quizás falta un poquito de amor al prójimo.

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